Datos Abiertos
Sin evidencias no hay transparencia: Fiscalización comunitaria de nuestras autoridades locales
Los datos son evidencia, y verlos con claridad es el primer paso para transformar
En mayo las autoridades locales, es decir alcaldías, regidurías, sindicalías, intendencias, estarán cumpliendo un año de haber asumido su cargo. Electas en febrero del año 2024, para asumir funciones durante el periodo 2024–2028, tal vez las recuerden porque pasaron al frente de su casa pidiendo votos o en fotos en redes sociales saludando a personas vecinas y conocidas.
Lo cierto, es que ya tienen un año de estar tomando decisiones que afectan o benefician nuestro diario vivir, porque claro, son quienes aprueban tasas para el cobro de los servicios de recolección de residuos y en dónde y cómo se invierten los recursos de nuestros Gobiernos Locales; son las mismas personas que definen las políticas públicas cantonales y la dirección de inversiones en carreteras, entre otras tareas.
Desde CÍVICA analizamos las actas aprobadas y disponibles de los Concejos Municipales de Acosta, San José, Alajuela, Sarchí, Tilarán, Golfito, Heredia, Pococí y Paraíso. (Los cantones analizados se eligieron de manera aleatoria). Revisamos un total de 522 actas de las sesiones celebradas entre mayo del 2024 hasta febrero del 2025 con el objetivo de determinar si las personas electas están cumpliendo con una de sus principales responsabilidades: la asistencia a las sesiones del Concejo Municipal.
Creemos que el acceso a la información por parte de la ciudadanía sobre la asistencia de nuestras autoridades locales a las sesiones municipales, es un mecanismo de participación que fortalece la transparencia en la gestión pública, al permitir que, quienes habitan en el cantón puedan fiscalizar el actuar de sus representantes y exigir rendición de cuentas sobre sus decisiones.
Analizar quiénes ocupan estos espacios, cómo lo hacen y bajo qué condiciones, resulta esencial para evaluar el verdadero alcance de la participación y la fiscalización comunitaria en los territorios. A pesar de la importancia, son escasos los esfuerzos de fiscalización de nuestros gobiernos locales, se han realizado acciones como la publicación de las actas o la transmisión en vivo de las sesiones municipales, pero es necesario contar con más herramientas y mecanismos para la fiscalización comunitaria.
Realizamos un análisis en la asistencia a la sesiones de cada una de las personas integrantes de los Concejos Municipales, estos según la legislación deben de sesiones de manera ordinaria una vez por semana y realizar dos sesiones extraordinarias al mes, este análisis permitió identificar el promedio de participación de los integrantes del Concejo Municipal por cantón, el cual se puede observar a continuación:
Al analizar el promedio de participación total por cantón, resalta que en San José, Alajuela y Paraíso, los representantes municipales tienen mayor porcentaje de participación. Por el contrario, los cantones de Tilarán, Golfito y Acosta son los que menor participación han tenido durante el primer año de gestión, siendo los representantes del cantón de Acosta quienes tienen el porcentaje más bajo de asistencia. Cabe indicar que en las actas de las sesiones municipales no se indica el motivo de la ausencia de cada una de las personas.
Cuando analizamos cada uno de las puestos de elección popular, se puede observar que son los síndicos suplentes quienes, en promedio, tienen menor asistencia en los Concejos Municipales, particularmente en Acosta los síndicos suplentes solo han asistido a 24% de las sesiones, mientras que para el caso del cantón de Golfito no se registra asistencia de estas personas en las sesiones.
Otro de los hallazgos de este análisis está relacionado con las sesiones extraordinarias. Según la legislación vigente, sólo es posible pagar el monto de la dieta por un máximo de dos sesiones extraordinarias al mes. Se observó que los días en que más representantes faltan a una sesión, suelen coincidir con aquellos en que se realizan más de dos sesiones extraordinarias al mes. Esto quiere decir que si un regidor ya había asistido a las dos sesiones extraordinarias del mes, si se convocaba a una sesión adicional, no se presentaba.
En el cantón de San José se reportaron dos sesiones extraordinarias adicionales durante el periodo analizado, mientras que en Alajuela se registró una. En los cantones de Golfito, Heredia y Paraíso se contabilizaron cuatro sesiones extraordinarias en cada uno, y en Pococí, cinco. Por otra parte, en los cantones de Acosta, Sarchí y Tilarán se evidencia una tendencia recurrente de inasistencia por parte de las regidurías y los síndicos a las sesiones extraordinarias, independientemente de si se ha alcanzado el mínimo de dos sesiones mensuales establecido.
Para conocer el promedio de asistencia de cada persona que ocupa un puesto de elección popular, pueden consultar el siguiente enlace el cual presenta la información desglosada por cantón, distrito, nombre, porcentaje de asistencia y partido político. Les invitamos a utilizar estos datos como una herramienta para ejercer su derecho de acceso a la información para la fiscalización comunitaria y dar seguimiento a la participación activa de sus autoridades locales.
Desde CÍVICA nos hemos planteamos la premisa de que las democracias no pueden profundizar las desigualdades, por lo que estos datos nos llevan a preguntarnos ¿Cuáles deberían ser los incentivos en un sistema democrático para que las personas puedan cumplir de manera eficaz y eficiente el mandato encomendado por votación popular como autoridades locales en condiciones igualitarias?
Ante esta interrogante, nos permitimos comparar y analizar dos variables: (1) las dietas que reciben las personas regidoras y síndicas, y (2) la distancia geográfica entre el centro del distrito que representa la autoridad local y la ubicación de la Municipalidad.
Uno de los principales incentivos es la dieta o pago que reciben nuestras autoridades locales al asistir a las sesiones del Concejo Municipal. Mientras que en un cantón como Alajuela una regiduría recibe ₡268.276 por cada sesión que asiste, en Acosta para el mismo puesto y las mismas responsabilidades cada regiduría se le paga una dieta por un monto de ₡21.000 por sesión. Estas diferencias se dan porque actualmente el monto de la dieta varía según el presupuesto de cada municipio, sin embargo, la responsabilidad en la toma de decisiones sigue siendo la misma sin importar el cantón al cual se pertenezca. Por ejemplo, una regiduría del cantón de Heredia recibe casi 7 veces más de dieta que una persona regidora del cantón de Tilarán.
Otra de las variables analizadas es el promedio de distancia que recorren las personas que ejercen los cargos de representantes de sus distritos (síndicos y síndicas) en los Concejos Municipales, pues cada cantón es un caso particular: mientras que algunos representantes tienen que recorrer largas distancias desde sus casas a los centros administrativos, otros están a la vuelta de la esquina. Esta situación se agrava en aquellos municipios donde no existe un servicio de transporte público accesible, lo que dificulta aún más su movilidad y participación efectiva en las sesiones del Concejo.
De igual forma, las personas que ejercen el cargo de síndico reciben un pago por concepto de dieta por cada asistencia a las sesiones. En el caso de los síndicos propietarios, este monto corresponde al 50% de la dieta asignada a una regiduría propietaria, mientras que los síndicos suplentes reciben únicamente el 25% de dicho monto.
A través de la aplicación Google Maps, se midió la distancia entre el edificio del Concejo Municipal de cada cantón y el punto más céntrico de cada uno de sus distritos. Es importante señalar que estas distancias son aproximadas y pueden variar según el lugar específico de residencia de cada síndico o síndica. Cómo es posible observar en el cuadro 3 la distancia promedio es desigual (y más aún cuando se analiza de manera individual) para cantones como Pococí y Golfito tiene que trasladarse hasta 19 km, en comunidades como Heredia y San José las distancias son menores 4 Km lo que en muchos casos facilita su participación.
Algunos de los resultados más interesantes cuando se realiza de manera individual es que en promedio para el cantón de Heredia, los síndicos viajan 2.25 km, sin embargo, el representante del distrito de Vara Blanca tiene que viajar 31 km para llegar a las sesiones y a pesar de esto tiene un promedio de participación individual del 94.37%.
Otro ejemplo destacado es el caso del síndico del distrito de Colorado, en el cantón de Pococí, quien debe recorrer aproximadamente 68 km para asistir a las sesiones del Concejo Municipal. A pesar de esta considerable distancia, mantiene un promedio de asistencia superior al 70%. Desconocemos si cuenta con un medio de transporte propio o si depende del transporte público para realizar estos traslados, pero sin duda este caso evidencia las desigualdades a las que se enfrentan las representaciones.
Este análisis también nos ha permitido identificar que en al menos 5 de los cantones estudiados (Alajuela, Heredia, San José, Paraíso, Pococí) los síndicos propietarios reciben un monto mayor en las dietas que los regidores propietarios de Acosta, Golfito, Sarchi y Tilarán estás diferencias generan desigualdades que deben de ser atendidas y solucionadas para generar igualdad de condiciones de las personas representantes.
Estás situaciones podrían limitar el acceso a estos cargos a personas con menos posibilidad de asignar recursos propios al cumplimiento de su labor o con menos accesibilidad a transporte, afectando indirectamente la equidad y representatividad en la toma de decisiones locales. ¨Las democracias locales no pueden depender de la cantidad (disponibilidad) de recursos de cada una de las personas que asumen un rol como autoridades¨
A un año de haber asumido sus cargos, las autoridades locales elegidas en febrero de 2024, han tenido un impacto directo en la vida de sus comunidades mediante decisiones clave sobre servicios públicos, inversión de recursos y definición de políticas cantonales. Sin embargo, este primer año también ha evidenciado notables diferencias en los niveles de participación y cumplimiento de su principal responsabilidad, la asistencia efectiva a las sesiones del Concejo Municipal.
Entre las principales limitaciones encontradas durante este análisis, destaca la falta de acceso a la información pública. Actualmente, no todos los Concejos Municipales actualizan las actas en sus sitios web, a pesar de que la legislación vigente así lo exige. Además, en muchos casos, los documentos no están disponibles en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, lo que representa una barrera importante para el ejercicio pleno del derecho a la fiscalización ciudadana.
Esta situación evidencia la urgente necesidad de fortalecer las normas de apertura de datos, estandarizar los formatos de publicación y garantizar la accesibilidad universal como principio básico de la transparencia institucional, fundamentalmente por parte de la vecina más importante, la Muni. Solo así será posible avanzar hacia una fiscalización comunitaria, real, equitativa y efectiva de las autoridades locales.
En conjunto, todos estos hallazgos y la dificultad de acceder a estos datos, nos llevan a cuestionar qué tan equitativo es el sistema democrático local y nos invitan a repensar cuáles deberían ser los mecanismos que el Estado debe garantizar para que todas las personas electas, sin importar su lugar de residencia o condición socioeconómica, puedan ejercer su función pública en igualdad de condiciones, porque la democracia, en efecto, no puede ser desigual.
Los datos son evidencia, y verlos con claridad es el primer paso para transformar. Compartí esta información para impulsar una participación ciudadana más informada y activa.
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